2021-11-13
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¿SABÍAS QUE…?
1. Cualquier judío que permaneciera después del día designado debía optar por el bautismo o la muerte.
2. El exilio de finales del siglo XV representó la primera crisis de identidad judía en la era moderna.
3. Las propiedades de los condenados por el Santo Oficio eran confiscadas en favor de la Corona y la Inquisición, que en la mayoría de los casos sustituyó a la justicia ordinaria.
ABRIL
1 de abril
«La guerra ha terminado» (1939)
«En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Este es el texto que, manuscrito, firmó Franco en Burgos, como «El Generalísimo», el 1 de abril de 1939, y que fue difundido a las diez y media de la noche desde el estudio burgalés de Radio Nacional de España por el actor cinematográfico Fernando Fernández de Córdoba.
Lo que vino después fue, por un lado, la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas dictada por el Gobierno de Burgos en febrero de 1939 —todavía en guerra— y, por otro, la ejecución de disposiciones legales bajo la tutela de tribunales militares que, sobre el papel, no garantizaban ningún derecho. La mencionada norma iba dirigida a aquellas personas que, «desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Esta ley, con carácter retroactivo desde 1934, originó una masificación en los presidios españoles y el exilio de aquellos ciudadanos que se habían significado políticamente durante la República o la guerra. Que los que eran objeto de dicha ley hubieran adquirido responsabilidades en 1939 por su actividad política durante el régimen legal anterior no deja de ser un disparate muy próximo a la venganza.
En materia de responsabilidades políticas, lo más legal que hizo el Gobierno de Franco —que prolongó el estado de guerra una vez acabada esta nada menos que hasta 1948, y puso al país bajo una absoluta jurisdicción militar— fue precisamente aplicar esa ley, una norma que sirviera «para liquidar las culpas […] contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional»; que tradujera «en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables», y que permitiera que «los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquellos otros que borren sus yerros pesados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios».
En efecto, tras el triunfo del ejército franquista, continuó la represión interna, particularmente intensa en los años posteriores al final de la Guerra Civil. La tarea de control y limpieza sociopolítica fue implacable: se calcula que solo en 1940 fueron más de cien mil los españoles encarcelados por motivos políticos. Muchos de ellos terminaron siendo ejecutados sumariamente. Los consejos de guerra que siguieron a la contienda carecieron de cualquier garantía jurídica. No existen estadísticas fiables, pero las ejecuciones desde el 2 de abril de 1939 hasta el último día de 1943 se pueden calcular en algo más de veinticinco mil.
