2021-11-13
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¿SABÍAS QUE…?
1. La famosa frase «Por Castilla hablaré yo», que pronunció Alfonso XI en una de las sesiones de las Cortes de Alcalá de Henares (1345), fue la solución «salomónica» surgida de la disputa por la prelación de las intervenciones entre don Juan Manuel, que ponía voz a Toledo, y Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, que lo hacía por Burgos.
2. Sus restos mortales, así como muchos de sus manuscritos, se perdieron en el incendio que sufrió el monasterio de los frailes predicadores de Peñafiel (Valladolid).
14 de junio
Aprobada la Ley de Asociaciones Políticas (1976)
El Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política aprobado por el Gobierno de Arias Navarro en diciembre de 1974 definió claramente la política inmovilista del nuevo Gabinete tras la muerte, un año antes, de su anterior jefe, el almirante Luis Carrero Blanco. Así, el proyecto que había sido elaborado por jóvenes reformistas del Instituto de Estudios Administrativos que suprimía el control del Movimiento fue desechado, mientras que el que finalmente se aceptó fue preparado en la Secretaría General del Movimiento por colaboradores cercanos a su propio ministro-secretario general, José Utrera Molina. Aunque el nuevo texto legal sancionaba el derecho de asociación —incluso fue duramente criticado por los sectores «ultras»—, dos de sus cláusulas eliminaban cualquier posibilidad de apertura: por un lado eran necesarios un mínimo de veinticinco mil afiliados repartidos en quince provincias —de ese modo se descartaba la legalización de formaciones nacionalistas— y, por otro, se encargaba al propio Consejo Nacional del Movimiento la autorización de las asociaciones.
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Tras la muerte de Franco, el nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda —que fue ministro-secretario general del Movimiento entre 1969 y 1974—, pudo conducir el complicado proceso legislativo de la reforma política que Arias Navarro no supo iniciar y que Adolfo Suárez, precisamente también como secretario general, sí supo defender ante las Cortes. En efecto, el 9 de junio, 338 procuradores presentes dijeron «SÍ» a la legalización de los partidos políticos (91 votaron «NO» y 24 se abstuvieron), cuya norma reguladora, la Ley sobre el Derecho de Asociación Política, promulgada el 14 de junio, derogaba el decreto del Gobierno Arias de diciembre de 1974 y era previamente justificada por la Jefatura del Estado:
La ley establece un proceso de constitución de asociaciones en el que […] resaltan a su vez la absoluta libertad en cuanto a composición de la base asociativa […], la garantía de que una denegación de reconocimiento solo pueda fundamentarse en criterios objetivos (siendo, en todo caso recurrible ante una instancia jurisdiccional) y la consagración de un régimen de abierta autonomía […] y como consecuencia del resuelto respeto a la autonomía de las asociaciones que regula la ley, en materia de denominaciones, solo prescribe que estas sirvan para identificar y distinguir unas entidades de otras y que no sean contrarias al ordenamiento institucional. Quiere ello decir que los grupos, asociaciones o partidos políticos que se constituyan al amparo de la presente ley serán genéricamente asociaciones políticas, pudiendo autodenominarse específicamente según la forma que consideren más oportuna, sin más limitaciones que las señaladas.
Los siguientes pasos se dieron con el referéndum favorable a la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976, y con la flexibilización casi definitiva mediante decreto ley de 8 de febrero de 1977 sobre el Derecho de Asociación política, ya que la ley de junio de 1976 consideraba ilícitas aquellas asociaciones tipificadas en el Código Penal, todavía supeditadas a las Leyes Fundamentales del Reino.
