2021-11-13
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¿SABÍAS QUE…?
1. Se conoce casi exactamente el emplazamiento de la colonia gracias a un mapa manuscrito y al Diario de a bordo, ambos de Colón (el último transcrito probablemente por Bartolomé de las Casas), en los que ubica y describe, respectivamente, el lugar de «Natividad» o «villa de Navidad».
26 de diciembre
En 1969, la jefatura del Estado del régimen franquista publicó un decreto ley que declaraba prescritos todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, día del último parte de guerra de la contienda civil. A los pocos meses de fallecer Franco, el Gobierno de Arias Navarro decretó que se regularan las pensiones a favor de los mutilados por la guerra. Año y medio después, los diputados elegidos democráticamente aprobaron la famosa Ley de Amnistía que serviría de base, treinta años después, para el proyecto de Ley de Memoria Histórica. Entretanto, una serie de leyes (1979, 1980, 1982 y 1984, más una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado de 1990), dirigidas a otorgar pensiones a cónyuges y familiares de combatientes de la Guerra Civil o al reconocimiento de mutilados de guerra, fueron dictadas durante los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Sin embargo, para el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero esto no parecía ser suficiente, de modo que, en septiembre de 2004, optó por la iniciativa de considerar a las víctimas de la dictadura franquista.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica, fue el resultado de la inquietud del PSOE, Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG), que prácticamente lideraron las negociaciones del proyecto de ley. Con la oposición del Partido Popular (PP) —salvo en lo referente a las indemnizaciones ya reconocidas— y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el proyecto fue aprobado por las Cortes entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre de 2007 con el apoyo también de Convergència i Unió (CiU), Coalición Canaria (CC), Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai (NaBai). Durante su tramitación parlamentaria, varias plataformas «memorialistas» —entre las que destaca la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), prácticamente la única que hasta el momento localizaba fosas comunes y realizaba exhumaciones— y otras organizaciones cívicas habían objetado supuestos o echado en falta otros.
La ley fue muy polémica porque sus opositores la tacharon de pretender violentar el espíritu de concordia de los españoles con su tendencia a dirigirse solo a las víctimas del franquismo y de romper la herencia de la Transición (PP), o de ser incompleta (ERC) porque no termina con el «sistema español de impunidad» instaurado tras el franquismo. En cualquier caso, a partir de entonces muchas corporaciones, sobre todo locales, tomaron, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, decisiones polémicas para unos y otros: mantenimiento o sustitución de nombres de calles y levantamiento o retirada de monumentos. Lo que sí parece claro es que esta ley despertó la memoria de todos los españoles.
