2021-11-13
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¿SABÍAS QUE…?
1. UCD, que en 1979 había obtenido representación parlamentaria en todas y cada una de las provincias españolas, en 1982 solo la consiguió en once, y en ningún caso con más de un diputado.
2. Cuando Suárez abandonó la presidencia del Gobierno en 1981, le sucedieron al frente de UCD Agustín Rodríguez Sahagún, Leopoldo Calvo-Sotelo y Landelino Lavilla.
19 de febrero
Primera ley de desamortización de Mendizábal (1836)
El liberal Juan Álvarez de Mendizábal (1790-1853) ha pasado a la historia como el gran desamortizador de los bienes eclesiásticos españoles. Miembro del Partido Progresista, fue nombrado ministro de Hacienda en junio de 1835 por el moderado José María Queipo de Llano, a quien sustituyó tres meses después como interino en la Presidencia del Consejo de Ministros, en una época en que España se encontraba en una delicada situación económica provocada por los gastos militares de la primera de las guerras carlistas, comenzada dos años antes.
El ya bicéfalo Mendizábal pretendía desarrollar una política económica que incluyera la finalización inmediata de la guerra y la eliminación de la deuda pública, pasando por la mencionada desamortización eclesiástica. Al año siguiente de su nombramiento, en mayo de 1936, los fracasos de la contienda bélica y otros relacionados con su proyecto de reforma constitucional (Estatuto Real de 1934) forzarían su dimisión de ambos cargos, aunque tuvo tiempo de impulsar parte de su política económica.
La legislación desamortizadora española realmente se remonta a los tiempos de la Ilustración y de la revolución liberal, enmarcada en el contexto de la expulsión de los jesuitas (1767), en un periodo que duró hasta finales del siglo XVIII, caracterizado por la venta de bienes de la Compañía de Jesús y otra serie de liberalizaciones realizada por Godoy —que incluía pertenencias de hospitales, hospicios, casas de misericordia o cofradías—. Ya en 1808, José Bonaparte impulsó otra desamortización, que no fue mal vista por las Cortes de Cádiz, que la mantuvieron y extendieron, exceptuando los años 1814-1820, hasta el fin del Trienio Liberal (1823). Entonces cayeron bienes de la Inquisición y un buen número de monasterios y conventos.
La desamortización de Mendizábal, sin embargo, supuso la supresión de las corporaciones religiosas de clérigos regulares —salvo las dedicadas a la enseñanza de niños pobres y la asistencia de enfermos—, la incautación de todos sus bienes y su posterior venta, por medio de subasta pública, cuyos pagos eran admitidos por medio de títulos de deuda consolidada por su valor nominal, lo que favoreció a los grandes potentados. Las medidas afectaron a las propiedades tanto rústicas como urbanas, a los derechos censales y al patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas.
Cuando decimos «desamortización de Mendizábal» estamos hablando stricto sensu, ya que esta primera ley no fue sometida a la legislación de las Cortes, sino que fue elaborada por el propio presidente del Gobierno y ministro de Hacienda, y hecha efectiva mediante Real Decreto de 19 de febrero de 1836.
