2021-11-13
40
¿SABÍAS QUE…?
1. El cambio efectivo de régimen se produjo al día siguiente, el 5 de enero de 1977, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
2. Junto al rey Juan Carlos I, firmó la ley Torcuato Fernández-Miranda, entonces presidente de las Cortes españolas, que había sido presidente del Gobierno de Franco en 1973.
5 de enero
Disolución del Tribunal de Orden Público (1977)
El Tribunal de Orden Público, más conocido como TOP, funcionó durante trece años (1963-1977) como la herramienta casi perfecta que el tardofranquismo necesitaba para equilibrar sus propios signos de debilidad. Por muchos que fueran los delitos que entraran en el campo de su competencia, la realidad es que operó prácticamente contra uno solo: el político.
Heredero del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo (instituido en 1940), el TOP fue creado para continuar parcialmente la labor represiva de aquel y «para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional».
Por medio de una disposición publicada el 5 de diciembre de 1963 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en virtud de la vigente Ley de Orden Público, Francisco Franco otorgaba al TOP competencia para juzgar, entre otros, «hechos delictivos» como los contrarios a la seguridad exterior del Estado, al jefe del Estado, las Cortes, el Consejo de Ministros y la forma de Gobierno; rebelión, sedición, desórdenes públicos, propagandas ilegales —siempre que obedecieran a un móvil político o social—; detenciones ilegales, sustracción de menores, allanamientos de morada, amenazas y coacciones, y descubrimiento y revelación de secretos.
Uno de los casos más famosos que instruyó el TOP fue el llamado «Proceso 1.001», cuya sentencia (1973) condenaba a distintas penas de cárcel a Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, y a otros nueve sindicalistas por «asociación ilícita» y otros delitos relacionados con la falsedad documental. Tras la muerte de Franco, pero antes de ser disuelto el TOP, el rey Juan Carlos se apresuró a indultar a Camacho (diciembre de 1975).
Debido a las necesidades políticas y sociales que iban a marcar la España de 1977, con la transición política ya en marcha —legalización del PCE y primeras elecciones generales a la vista—, el BOE publicaba el 5 de enero un real decreto ley —firmado por el monarca y refrendado por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez— por el cual el TOP se disolvía. Las razones para hacerlo, aparte de las mencionadas, quedaban claras en el primer párrafo del texto: «… el profundo cambio experimentado desde la instauración de los Juzgados y Tribunales de Orden Público y la necesidad, cada vez más patente y acusada, de que el enjuiciamiento de los hechos sometidos a la competencia de los mismos revierta a los Juzgados y Tribunales comunes del orden judicial penal, aconsejan la supresión de los referidos Organismos y la adopción de las medidas oportunas que sean consecuencia de la referida supresión». En el artículo primero la sugerencia se convertía en orden.
La disolución del implacable TOP no suponía que los hechos que había enjuiciado dejaran de ser delictivos, sino que pasarían a estar bajo la jurisdicción de tribunales ordinarios, que ya no tenían relación directa con la maquinaria del Estado anterior. De cualquier manera, la relajación policial y judicial sobre determinados «delitos políticos» empezaba a ser un hecho.
